Guillem Lázaro 1992: la tragedia de Sarrià y el germen del control en los estadios

A principios de los 90 los estadios del fútbol español vivían un momento de tensión creciente: los grupos ultras consolidaban su modelo de grada organizada importado de Italia, la pirotecnia era parte habitual del repertorio visual y los controles de acceso apenas impedían el paso de bengalas, fumígenos o petardos. Sarrià, viejo estadio del RCD Espanyol en Barcelona, era uno de tantos recintos con ese perfil de seguridad característico de la época.

El 15 de marzo de 1992 estaba programado un Espanyol-Cádiz de la jornada 27 de Primera División. Un partido sin especial carga política ni previa violenta documentada, con la presencia habitual de aficiones locales y un desplazamiento reducido del Cádiz. Un escenario, en la jerga policial, de riesgo bajo.

Franco Vila, 39 años, fue identificado como la persona que había disparado la bengala marítima desde la grada. Fue detenido y pasó a disposición judicial en los días siguientes. La instrucción concluyó con una condena de seis meses de prisión por la muerte de Guillem Lázaro, una pena calificada de insuficiente por la familia y por una parte significativa de la prensa del momento.

El RCD Espanyol fue declarado responsable civil subsidiario por las deficiencias de control del acceso al estadio y condenado a pagar 42 millones de pesetas (aproximadamente 252.000 euros) a la familia de Guillem. La sentencia marcó un precedente jurídico sobre la responsabilidad de los clubes por lo que ocurriera en sus estadios durante los partidos.

En las semanas posteriores al 15-M, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol abrieron procesos de revisión de los protocolos de acceso a los estadios. Los cacheos pasaron de ser excepcionales a sistemáticos, el control sobre la entrada de bengalas y fumígenos se reforzó y se extendieron las responsabilidades civiles de los clubes por lo que ocurriera en el interior de sus recintos.

Quince años después, la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte consolidó un marco jurídico completo para sanciones individuales, vetos de acceso y prohibiciones de pirotecnia. La tragedia de Sarrià aparece como referencia obligada en la exposición de motivos de esa normativa y en toda discusión posterior sobre pirotecnia en las gradas del fútbol español.

El nombre de Guillem Lázaro aparece regularmente en pancartas de la afición del Espanyol y en referencias periodísticas cada vez que se debate el uso de pirotecnia en los estadios españoles. Su caso precede en seis años al de Aitor Zabaleta y establece una línea simbólica: la de las víctimas no directamente ultras pero alcanzadas por la violencia o el riesgo pirotécnico ligado al entorno de los partidos.

Sarrià, el estadio histórico del Espanyol, fue derribado pocos años después. El club se trasladó primero a Montjuïc y después al actual RCDE Stadium en Cornellà. El recuerdo de Guillem Lázaro viaja con cada sede sucesiva como parte del patrimonio sentimental del espanyolismo.